En Medellín según el consejo municipal, a 2007, 52.968 personas se encuentran sin energía. Empresas Públicas de Medellín, como una solución al problema, sin perder dinero, implementó el sistema de energía prepago. Para muchos, “ha sido una bendición”; para otros, “les ha tocado cambiar su día a día”.

“Para mi ha sido muy duro porque hoy tenemos para la luz, pero quizás mañana no. Y uno, al ver que no tiene luz, prende candela. A veces, en el día son 3 o 4 tarjetas”. María Eugenia vive en El Limonar hace 16 años y durante 14 no pagó la energía: “estaba atrasada con EPM, pero ni siquiera sé decirle en cuánto”.

Parecida es la historia de María Elena. Hace 16 años fue reubicada del Picacho y, aunque dice extrañar a sus vecinos, ya se acostumbró al sector. Es madre cabeza de familia, tiene 8 hijos, 5 de ellos menores de edad y hace 7 años no pagaba la energía.

“Tenía una deuda de tres millones de pesos con EPM, fui a financiar con 100 mil pesos y empecé a pagar, la primera cuenta me vino de 80 mil pesos y la pague, al segundo mes ya me vino 90 mil pesos y la pagué pero el tercer mes fue de 300 mil pesos y ya no tuve y me atrasé”.

Cecilia, proveniente de La Iguana, también financió su deuda y aunque empeñó todo su electrodoméstico para pagar no pudo continuar. “En La Iguana no pagábamos servicios porque había un fraude y cuando llegué aquí empeñe todo, la licuadora, el televisor con tal de no dejarlos mochar”. Desde que le instalaron el medidor, Cecilia compra una tarjeta de 2 mil o 3 mil pesos, cuando puede, pero sólo le alcanza para un día.

Cecilia, al igual que sus vecinos, dice estar resignada con la energía prepago, pues sus ingresos económicos no le alcanzan para más. “Tenemos que resignarnos a estar así, porque nosotros no tenemos para pagar 80 o 100 mil pesos que vienen en una cuenta de servicio y uno sin luz no es nada”.

El 20 de septiembre del año pasado, Empresas Públicas de Medellín llegó al barrio El Limonar y suspendió el servicio de energía a las familias deudoras. En total fueron 750 familias sin energía, 500 por corte y 250 por suspensión.

“Amanecí sin luz. Tenía los servicios cortados y se me habían llevado hasta la manguera, lo que tenía era contrabando y eso me cortaron”, recuerda Gladis.

Esa noche la gente permaneció a oscuras, algunos pocos prestaron energía con los vecinos y otros prefirieron las velas. Al día siguiente se realizó la jornada de conexión prepago y sólo quienes aceptaron el programa fueron reconectados. Sin embargo, recuerda María Elena, “eran muchas las familias preocupadas porque no sabían si tendrían el dinero para comprar las tarjetas”

Empresas Públicas de Medellín desconoce que se haya realizado el convenio y expreso el interés de revisar el tema. Resultado –según Efrén Álvarez – de que no haya continuidad de los procesos y de no haberse conformado un equipo encargado de hacer seguimiento a los convenios.

Al respecto líderes y organizaciones sociales consideran los servicios públicos domiciliarios como un derecho y no una mercancía, “por lo tanto el sistema no debe sustentarse en estudios de mercado”.

Para Ricardo Toro, abogado de la Personería, en un Estado Social de Derecho como el colombiano el ser humano es el centro del Estado, fundado en tres principios primordiales, que él considera, en este caso, son violados, “el principio de la dignidad humana, que debe irrigar todas las acciones del Estado; el segundo es del mínimo vital, entendido como el mínimo básico para la subsistencia digna de un ser humano y; el tercero, el de la igualdad a los derechos económicos, sociales y culturales”.

En este sentido, explica Toro, hay una vulnerabilidad de los derechos cuando una persona no tiene la posibilidad de acceder a los servicios básicos esenciales como el agua y la energía para suplir sus necesidades básicas y “que son propias del mínimo vital y de la dignidad humana”.

De igual manera, cuando estas acciones tiene implicaciones en las relaciones familiares, interpersonales e incluso sexuales.

Mónica Ruíz menciona que “los servicios públicos domiciliarios no han sido declarados por la constitución derechos fundamentales, han sido declarados como servicios públicos domiciliarios”.

Toro es enfático al señalar que “la Corte Constitucional menciona que cuando esos servicios entran en convexidad con el derecho fundamental de la vida, son derechos fundamentales que tienen que ser protegidos”. Es decir, cuando por falta de un servicio público como la energía o el agua se pone en peligro derechos fundamentales como la salud.

En estos casos, explica Mónica Ruíz, “es el Estado el que declara emergencia social en la vivienda y es el Estado el que define que el servicio se debe suministrar a cobro del mismo Estado. Sólo por orden de una entidad superior EPM puede suministrar el servicio a una vivienda, siendo ese valor cobrado a otro fondo”.

Para la Personería de Medellín es urgente que los usuarios de los servicios domiciliarios y sobre todo los desconectados sean “entendido no como clientes sino como ciudadanos con derechos”.

La Frase del día:

“La memoria intenta preservar el pasado sólo para que le sea útil al presente y a los tiempos venideros. Procuremos que la memoria colectiva sirva para la liberación de los hombres y no para su sometimiento” .