A pesar de las explicaciones ante todos los medios de comunicación, de la participación en debates con académicos, de las reuniones con diversos sectores directamente implicados en los decretos de la Emergencia Social, ni el mismísimo Presidente Ávaro Uribe pudo frenar la avalancha de críticas por declarar este estado de excepción. Hasta el Procurador le dio la espalda a la medida.

 

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El ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancur, anunció que revisará junto a sus asesores la solicitud del procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado.

Los decretos expedidos durante la emergencia social deben ser declarados inconstitucionales, según la Procuraduría General de la Nación, ya que no es viable transformar la salud mediante un estado de excepción. 

El Ministro de la Protección Social dice que si se caen los decretos, se generaría una situación difícil para el sector salud, y que mostrará ante la Corte y ante los críticos de la medida la importancia de mantener las nuevas leyes, además, aportará las pruebas de la necesidad de declarar la emergencia.

Por su parte, el presidente Álvaro Uribe Vélez, anunció que el Gobierno está preocupado por el debate constitucional, ya que el gobierno procedió para prevenir la parálisis de la salud por falta de recursos, el déficit fiscal de la nación es grande, y no había tiempo para que las nuevas leyes pasaran por el congreso, razón por la que se decretó el estado de excepción. 

El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga y el ministro de Protección Social, Diego Palacios Betancur, reiteraron que la emergencia fue declarada por la gravedad de la situación y por el riesgo en que se encontraba la continuidad de la prestación del servicio de salud, lo que ameritaba medidas inmediatas.

Por otra parte, la Asociación Colombiana de Medicina Integral, que agremia a las eps’s  del país propone al gobierno estructurar un 'plan b', para garantizar la continuidad en la prestación de servicios de salud en caso de que la Corte declare inexequibles los decretos de la emergencia social.

De otro lado, el senador Luis Carlos Avellaneda, señaló que para mantener el sistema de salud no es necesario recaudar nuevos recursos sino optimizar los que ya se tienen, por ejemplo, reduciendo el porcentaje de tasa de intermediación de las EPS.

Cabe mencionar también que la firma encuestadora Gallup Colombia, publicó los resultados de un sondeo de opinión realizado durante los últimos días de febrero, en el que un 59% de los encuestados cree que la calidad de salud es mala, opinión que aumentó 20% con relación a la encuesta publicada en diciembre del año pasado. Los que creen que la salud ha mejorado conforman un 33% de los 1200 encuestados en las principales ciudades del país. 

 

En máximo 60 días, la Corte Constitucional definirá si son o no exequibles éstos decretos expedidos por el ejecutivo durante la emergencia social.